Vicealmirante Roberto Farías vuelve a solicitar a Sheinbaum que intervenga para que la Semar entregue información

La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien enfrenta un proceso penal por su presunta vinculación con una red de corrupción relacionada con el tráfico de combustible de Estados Unidos hacia México, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento, solicita nuevamente su intervención para que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) entregue información que, según sus abogados, es clave para acreditar su inocencia.

Se trata de la segunda misiva dirigida a la mandataria —la primera fue enviada en enero— y fue escrita a mano y difundida por el despacho Mendieta y Asociados. En ella, la defensa advierte sobre presuntas “violaciones al debido proceso” y señala que, a menos de un mes de que concluya la investigación, persiste la negativa de la Semar a proporcionar información cuya entrega ya fue ordenada por una autoridad judicial.

En el texto, el vicealmirante —quien fue dado de baja oficialmente de la Marina en diciembre pasado— afirma que la institución naval ha justificado su negativa argumentando que los datos solicitados están clasificados como de “seguridad nacional”, lo que ha impedido el acceso a información cuya entrega fue autorizada por una jueza federal.

Los abogados de Farías Laguna sostienen que la Semar ha desobedecido de manera reiterada resoluciones judiciales que le ordenan entregar información esencial para la defensa. Estas órdenes, según el despacho, fueron emitidas por una jueza los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026.

De acuerdo con Mendieta y Asociados, su representado fue vinculado a proceso sin que existan pruebas suficientes sobre tiempo, modo y lugar de los hechos que se le imputan. Añaden que esta situación no solo vulnera sus derechos, sino que también afecta la legalidad del procedimiento y pone en entredicho la vigencia del Estado de derecho.

Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, donde enfrenta cargos por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.