Afinan reforma electoral para reducir tamaño del Congreso y bajar costo de elecciones

El Poder Ejecutivo prepara una iniciativa de reforma electoral orientada a disminuir el gasto público en materia político-electoral y a reducir el número de legisladores, con el objetivo de contener costos que, año con año, crecen por mandatos constitucionales y legales.

Para 2026, el financiamiento público nacional en este rubro superará los 25 mil 585 millones de pesos. De ese total, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un presupuesto de 14 mil 99 millones: 12 mil 325 millones para su gasto base —principalmente nómina— y mil 754 millones para proyectos específicos. A ello se suman 7 mil 737 millones en prerrogativas para partidos políticos y 3 mil 749 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además del ámbito federal, el costo total incluye a los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), partidos locales y tribunales electorales estatales, cuyo financiamiento es definido por los congresos de cada entidad.

Del presupuesto del INE para proyectos específicos, destacan 353.4 millones para apoyar la elección de diputados en Coahuila, 395.5 millones para iniciar la organización de la megaelección de 2027, y alrededor de mil millones para fortalecer la cultura democrática, procesos administrativos y la actualización del padrón electoral. También se consideran 138 millones para avanzar en la organización de los comicios judiciales de 2027.

En audiencias públicas previas, especialistas han señalado que, durante las últimas décadas, los órganos electorales registraron un crecimiento sostenido de sus nóminas, que hoy absorben entre 63 y 69 por ciento del presupuesto, sin una adecuada planeación o armonización. En contraste, consejeros del INE advirtieron que los recortes presupuestales ponen en riesgo la operación del sistema democrático, mientras que los promotores de la reforma sostienen que existen gastos duplicados o injustificados.

Tras el antecedente del “plan B” electoral de 2023 —anulado por la Suprema Corte— y la última reforma aprobada en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una nueva iniciativa al Congreso en febrero de 2026, al inicio del próximo periodo ordinario. Entre sus ejes centrales estarían la reducción de diputados y senadores, así como una disminución del financiamiento público a partidos políticos y del costo general de las elecciones.