El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja bajo fuerte presión para concluir la propuesta de reforma electoral que deberá entregar este lunes a la Comisión Presidencial, aunque los avances siguen siendo limitados y sin una ruta claramente definida.
Hasta ahora, el único punto que ha logrado consenso pleno entre los consejeros es la necesidad de que la elección judicial se realice en una fecha distinta a la jornada electoral ordinaria, con un desfase estimado de tres o cuatro meses. Fuera de ese acuerdo, los más de 300 temas incluidos en la agenda de revisión permanecen sin definiciones sustanciales.
“El INE va tarde”, reconoció el consejero Arturo Castillo, al referirse a la falta de tiempo y a la complejidad del proceso para consolidar una postura institucional sólida.
Este jueves, los consejeros revisaron un borrador elaborado por la Secretaría Ejecutiva, que incorpora propuestas planteadas por ocho integrantes del Consejo. Sin embargo, el texto aún está lejos de convertirse en un proyecto formal que pueda someterse a votación en el Consejo General.
Uno de los principales obstáculos es la ausencia de un método acordado para aprobar las propuestas. Entre las opciones que se analizan están:
Votar el documento en lo general y posteriormente en lo particular, como ocurre de manera habitual.
Someter cada propuesta a votación individual y conservar únicamente aquellas que obtengan mayoría.
Incluir solo los planteamientos que logren unanimidad.
Castillo explicó que, aunque las aportaciones de los ocho consejeros están “bien desarrolladas”, la única que cuenta con respaldo absoluto es la referente al calendario de la elección judicial prevista para 2027.
El consejero alertó sobre los desafíos operativos que implicaría empatar la elección judicial con otros procesos electorales. Señaló que organizar de manera simultánea 17 elecciones locales, la renovación de la Cámara de Diputados, la elección judicial y eventualmente mecanismos de participación ciudadana representaría una carga logística difícil de manejar.
“La elección judicial es incompatible, por sus reglas, con cualquier otro proceso electoral”, advirtió, al subrayar que el problema no es solo político, sino técnico y operativo.
Cuestionado sobre si el INE está llegando tarde a la discusión impulsada por la Comisión Presidencial, Castillo fue enfático: “Sin duda”.
Recordó que desde septiembre el instituto planteó la necesidad de comenzar el trabajo técnico, pero fue hasta finales de noviembre cuando comenzaron a recibir insumos formales para avanzar. Aun así, expresó confianza en que el documento final pueda ser lo suficientemente claro para influir en la iniciativa presidencial.
Finalmente, señaló que sería deseable que la Comisión incorpore las observaciones del INE, incluso con ajustes de último momento, y no descartó la importancia de sostener una reunión directa con la Presidenta de la República para exponer la visión del órgano electoral.
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