Una pesquisa difundida por el diario Página12 sostiene que la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada en 2025 por el presidente argentino Javier Milei, dejó alrededor de 75.000 damnificados a nivel global y pérdidas cercanas a los 280 millones de dólares. Según el reporte, quienes estructuraron la operación habrían obtenido beneficios por casi 300 millones.
El 14 de febrero del año pasado, Milei difundió públicamente el proyecto como una oportunidad de inversión. Minutos después del fuerte aumento inicial en la cotización, el activo digital se desplomó, generando pérdidas totales para numerosos compradores que ingresaron tras la recomendación presidencial.
De acuerdo con una revelación del periodista Mariano Vidal en Clarín, Milei habría firmado el 29 de enero de 2025 un documento confidencial de dos páginas con el empresario estadounidense Hayden Davis. En ese texto, Davis quedaría designado como asesor del Estado argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial.
Especialistas también detectaron transferencias millonarias realizadas por Davis hacia intermediarios identificados como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en fechas clave de la operatoria. El propio empresario reconoció poseer 100 millones de dólares “de los argentinos”, afirmando que aguardaba directivas oficiales sobre su destino.
La maniobra descrita por analistas responde al patrón clásico de una memecoin: creación rápida de un token sin respaldo real, impulso artificial de su precio mediante la promoción de una figura pública y posterior liquidación masiva por parte de operadores que anticipan el colapso. Estos “snipers” venden en el punto máximo, antes de que el mercado se desplome.
Tras el escándalo, Milei aseguró desconocer detalles técnicos del ecosistema cripto, negó vínculos formales con el emprendimiento y eliminó la publicación original. La controversia derivó en múltiples denuncias penales en Argentina y en presentaciones judiciales en Estados Unidos, donde el expediente continúa en etapa preliminar.
El abogado Nicolás Oszust, representante del afectado Martín Romeo, declaró al portal El Destape que la causa avanza con una lentitud llamativa. Señaló que, dada la magnitud del presunto fraude y el volumen de evidencia disponible, los tiempos procesales deberían ser más ágiles.
Entre los puntos señalados figura la falta de análisis de dispositivos electrónicos incautados a los intermediarios en marzo del año pasado, cuyos contenidos aún no han sido peritados oficialmente.
Mientras continúan las investigaciones, el caso mantiene repercusiones políticas y judiciales tanto en Argentina como en el exterior, en un expediente que combina finanzas digitales, responsabilidad pública y presunto fraude masivo.
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