Una revisión de expedientes realizada por Reuters concluye que jueces federales y de inmigración en todo Estados Unidos han determinado en más de 4.400 ocasiones, desde octubre de 2025, que el gobierno del presidente Donald Trump ha efectuado detenciones de migrantes sin sustento legal suficiente.
La mayoría de las resoluciones objetan el cambio de criterio adoptado por la administración, que se aparta de una interpretación de casi 30 años de la ley federal. Bajo ese precedente, los extranjeros que ya residían en el país podían acceder a libertad bajo fianza mientras sus casos avanzaban ante los tribunales migratorios.
El juez federal Thomas Johnston, del distrito de Virginia Occidental, criticó abiertamente la postura gubernamental al ordenar la liberación de un ciudadano venezolano. En su resolución señaló que resulta inaceptable pretender que el tribunal “redefina o ignore” una norma redactada de manera clara.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la estrategia oficial al afirmar que la administración trabaja para aplicar el mandato presidencial en materia migratoria conforme al marco legal vigente.
Durante el actual mandato, las aprehensiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzaron aproximadamente 68.000 personas, lo que representa un incremento cercano al 75 % respecto al inicio del periodo presidencial.
En paralelo, el ICE proyecta invertir 38.300 millones de dólares para ampliar su infraestructura. Según un documento difundido por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, el plan contempla adquirir y adaptar más de 20 instalaciones con el objetivo de elevar la capacidad a 92.600 camas.
El texto, identificado como “Proyecto de reorganización de la detención” y atribuido al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), describe la creación de ocho grandes centros con capacidad de entre 7.000 y 10.000 personas, además de 16 sitios de procesamiento para entre 1.000 y 1.500 detenidos cada uno. También prevé la incorporación de 10 instalaciones adicionales ya operativas. La meta oficial es que todas estén en funcionamiento antes del 30 de noviembre de 2026.
Las revelaciones surgen en un contexto de riesgo de parálisis presupuestaria del DHS, ante desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la actuación de agentes federales, especialmente tras incidentes recientes en Mineápolis.
Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Yemen, vigente desde hace una década. La medida afectará al menos a 1.400 ciudadanos yemeníes que se beneficiaban de esa protección en territorio estadounidense.
El escenario refleja una confrontación creciente entre el poder judicial y el Ejecutivo en torno al alcance de la autoridad federal para detener migrantes, así como un endurecimiento de la política migratoria acompañado de una expansión sustancial de la infraestructura de detención.
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