El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentará este lunes un proyecto para asegurar la participación de la ministra María Estela Ríos González en el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. A pesar de que anteriormente ocupó el cargo de consejera jurídica del Ejecutivo federal y abogó por mantener esta medida, Aguilar concluye que su imparcialidad no está comprometida.
Aguilar Ortiz argumenta que el hecho de haber desempeñado funciones públicas anteriormente no implica un interés personal que la llevara a resolver en un sentido particular. “El solo desempeño de los cargos públicos previos al que actualmente ejerce no lleva a concluir que su actuación anterior podría actualizar de manera objetiva un interés personal”, señala Aguilar.
La ministra, por su parte, respondió a las acusaciones al resaltar que el comunicado firmado en 2022 fue en su calidad de Consejera Jurídica del Ejecutivo y no desde una postura personal. Además, enfatizó que los casos mencionados en aquel entonces, el amparo en revisión 355/2021 y la acción de inconstitucionalidad 130/2019, trataban temas distintos que no estaban relacionados con la validez de la prisión preventiva oficiosa.
La participación de Ríos González fue cuestionada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes solicitaron su recusación al considerar que su postura previa podría influir en el expediente 3/2023. Este caso tiene como objetivo definir las acciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), que desde 2023 ha ordenado al Estado mexicano cesar la aplicación automática de la prisión preventiva y el arraigo.
Ambos promoventes alegaron que el comunicado emitido el 24 de agosto de 2022, que pedía a la SCJN mantener la figura de la prisión preventiva, demuestra una posición sesgada de la ministra. Este comunicado se firmó junto con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y lo tomaron como evidencia de un juicio anticipado.
De acuerdo con el proyecto de Aguilar Ortiz, se propone declarar infundada la recusación, argumentando que la imparcialidad de Ríos González se presume. Subrayó que no se presentaron pruebas objetivas que evidenciaran un conflicto de interés real, y ocupaciones en el Ejecutivo no inhabilitan automáticamente a un juez para dictar sentencia.
Además, enfatizó que el comunicado de 2022 no tiene relación directa con la resolución del expediente 3/2023, el cual está enfocado en la ejecución de una sentencia internacional y no en la validez de la prisión preventiva. Por tanto, no se puede prejuzgar sobre un asunto que no existía en ese momento.
La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa sigue siendo un tema candente en México, con importantes implicaciones sobre los derechos humanos y la administración de justicia. La decisión sobre la participación de Ríos González se anticipa con gran expectación, dado su potencial impacto en la resolución del caso y en la interpretación futura de las políticas sobre medidas cautelares en el país.
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