La mañana del 20 de enero de 2025 evidenció, en cuestión de horas, el giro radical de la política migratoria de Estados Unidos. En varios cruces de la frontera con México, decenas de personas lograron ingresar al país antes del amanecer para iniciar su solicitud de asilo gracias a una cita programada en la plataforma CBP One. Sin embargo, apenas cuatro horas después, cuando Donald Trump asumía nuevamente la presidencia, un segundo grupo fue rechazado, pese a contar con documentos oficiales que avalaban su trámite.
Ese cierre abrupto marcó el inicio de una estrategia que golpeó de lleno las expectativas de millones de migrantes que habían emprendido el viaje hacia el norte en busca de seguridad y oportunidades.
Desde entonces, el gobierno estadounidense desplegó una ofensiva sin precedentes para contener la migración irregular. Expertos coinciden en que la política impulsada por Trump ha tenido efectos a lo largo de toda la ruta migratoria, desde Sudamérica hasta la frontera norte de México.
El endurecimiento incluyó la cancelación de procesos de asilo, el reforzamiento militar en la frontera, redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), deportaciones exprés y presiones diplomáticas sobre países clave como México y Panamá, con el fin de frenar el paso de personas migrantes antes de que lleguen a territorio estadounidense.
Las nuevas medidas han desalentado a millones de personas a abandonar sus países de origen, incluso cuando hacerlo implica permanecer en contextos de violencia o precariedad extrema. Quienes aún deciden migrar se ven forzados a utilizar rutas más peligrosas y clandestinas, señala un funcionario internacional que colabora con autoridades mexicanas y solicitó no ser identificado.
De acuerdo con un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington, la administración Trump reconfiguró profundamente la estructura gubernamental para perseguir la migración irregular, dificultar la entrada legal y precarizar incluso a quienes ya contaban con estatus migratorio regular.
Las presiones ejercidas sobre Panamá derivaron en el cierre de los centros migratorios vinculados al Tapón del Darién, uno de los corredores más utilizados por personas provenientes de América del Sur, África y Asia. En México, las amenazas de sanciones comerciales llevaron al despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte y al reforzamiento de controles en el sur del país.
Las cifras reflejan el impacto de estas políticas. Entre 2022 y 2024, cerca de un millón de personas cruzaron la selva del Darién. En contraste, entre enero y noviembre de 2025, apenas 3.032 migrantes realizaron ese trayecto.
En la frontera entre México y Estados Unidos, los cruces irregulares se redujeron en más del 90 % respecto al año anterior. Datos oficiales indican que, entre febrero y diciembre de 2025, se registraron en promedio 11.000 encuentros mensuales con migrantes, frente a los 130.000 del mismo periodo del año previo.
Para Tonatiuh Guillén López, académico de la UNAM y especialista en migración, la estrategia ha sido efectiva desde una lógica estrictamente represiva. No obstante, advierte que Washington no ha mostrado interés en atender las causas estructurales del fenómeno migratorio.
“El mensaje es claro: se han eliminado los incentivos para migrar mediante el miedo. Hoy no solo se evalúa el costo económico, sino el riesgo de ser detenido o deportado incluso después de cruzar”, explica el experto, quien también subraya el papel clave del gobierno mexicano en la contención del flujo.
El MPI alerta que el endurecimiento ya no se limita a personas en situación irregular. La política de línea dura ha alcanzado a migrantes con residencia legal y a quienes buscan ingresar por vías formales. Entre otras medidas, se han eliminado protecciones temporales a más de 1,5 millones de personas, se frenó casi por completo el reasentamiento de refugiados y se ralentizaron procesos de residencia permanente, visas y ciudadanía.
Como consecuencia, por primera vez en medio siglo, Estados Unidos redujo su población migrante. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew señala que el número de migrantes pasó de 53,3 millones en enero de 2025 a 51,9 millones en junio, una disminución de 1,4 millones de personas.
Ante este escenario, México se ha convertido en una alternativa involuntaria para miles de personas desplazadas. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) reportó que en 2025 el país fue, por primera vez en cuatro años, el principal destino de quienes huyen de la violencia.
Las solicitudes de asilo se mantuvieron estables: hasta septiembre de 2025 se registraron cerca de 55.000 peticiones, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que las condiciones de permanencia siguen siendo precarias.
Un dato ilustrativo es la drástica reducción en la entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias: en 2024 se otorgaron apenas 618, frente a más de 94.000 en 2023.
“El desafío ahora es regional”, concluye Guillén López. “La pregunta ya no es solo cómo evitar que migren, sino qué opciones reales existen para quienes ya no pueden quedarse en sus países ni avanzar hacia Estados Unidos”.
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