Con la consigna “Los mineros estamos de luto”, trabajadores del sector, familiares y estudiantes se movilizaron en Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, tras la desaparición de 10 empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, ocurrida el 23 de enero. Cinco de ellos fueron localizados sin vida.
En Hermosillo, cerca de dos mil personas marcharon convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. La movilización inició en las oficinas del organismo con un minuto de silencio y la colocación de un moño negro.
El contingente avanzó hasta la catedral metropolitana, donde se ofició una misa en memoria del ingeniero José Antonio Jiménez Nevárez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en Concordia.
Familiares denunciaron que en total fueron reportadas 14 desapariciones en la zona; 10 corresponden a trabajadores de Vizsla Silver y cuatro a otra compañía minera. María Elena Morán, esposa de Antonio Esparza —aún no localizado—, aseguró que su esposo había advertido sobre condiciones de inseguridad y presuntas exigencias de pagos para permitir la operación.
En Concordia, un centenar de personas marchó en silencio con cascos rotulados con los nombres de los desaparecidos y veladoras encendidas. Frente a la iglesia colonial y el palacio municipal, trabajadores colocaron un altar con chalecos, cascos y un centenar de velas en memoria de sus compañeros.
En la capital de Zacatecas, la movilización partió de la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas hacia la Plaza de Armas. Ahí se rindió homenaje al ingeniero José Ángel Hernández Vélez y al geólogo Ignacio Salazar Flores.
Familiares exigieron justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador David Monreal Ávila. Los manifestantes rechazaron la versión oficial de que los trabajadores habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal.
En Chihuahua, alrededor de 300 personas marcharon hasta el palacio de gobierno estatal; en Hidalgo y San Luis Potosí se realizaron concentraciones en plazas públicas, donde denunciaron la vulnerabilidad en que operan en regiones serranas. En Durango también hubo pronunciamientos para exigir garantías y rechazar que el caso sea considerado un “hecho aislado”.
Dirigentes del gremio advirtieron que las medidas de protección actuales son insuficientes y demandaron acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales. El reclamo común en las siete entidades fue reforzar la seguridad en zonas mineras y esclarecer plenamente los hechos.
Las protestas evidencian la creciente preocupación del sector extractivo ante el impacto de la violencia en regiones estratégicas para la industria minera del país.
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