El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha expresado su desacuerdo con la oposición que afirma que la coincidencia del proceso de revocación de mandato con las elecciones federales intermedias podría favorecer al gobierno. Según Monreal, este argumento no resiste un análisis riguroso, ya que una evaluación ciudadana negativa no beneficia al poder, sino que lo expone.
Monreal argumenta que empatar las elecciones federales con la revocación puede incrementar la participación ciudadana. Esta estrategia permitiría aprovechar la infraestructura electoral ya en funcionamiento, lo que a su vez reduciría los costos de organización y aumentaría la eficiencia del proceso electoral.
Refiriéndose a consultas pasadas, Monreal señaló que las que se realizaron en fechas no electorales tuvieron una baja participación, con niveles que variaron entre el 7 y el 18 por ciento. Por ejemplo, en la consulta popular de 2021, solo participó el 7.1 por ciento de los votantes, mientras que la revocación de mandato de 2022 alcanzó el 17.8 por ciento. En contraste, las elecciones ordinarias han mostrado tasas de participación significativamente más altas, como la elección presidencial de 2018 con un 63.4 por ciento y la intermedia de 2021 con un 52.7 por ciento.
Monreal destacó que el costo total de la revocación de mandato de 2022 fue cerca de mil 692.5 millones de pesos, lo que resultó en un coste por voto aproximadamente de 102.50 pesos, un gasto notablemente más alto que el de una elección convencional.
En un artículo reciente, el legislador morenista recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) operó bajo restricciones presupuestarias que limitaron la instalación de casillas a solo un tercio de lo planeado para elecciones con calendario electoral. Esta situación redujo la accesibilidad del proceso y limitó la capacidad de movilizar un electorado amplio y representativo.
Monreal concluyó que la organización de un proceso independiente, con infraestructura limitada y sin aprovechar las economías de escala, no solo incrementa los costos por voto, sino que también debilita el alcance de la revocación como mecanismo efectivo para evaluar el ejercicio del poder.
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