Rosario Piedra resalta más atención ciudadana y menos quejas graves ante la CNDH en 2025

Ante diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, presentó este lunes su informe de labores correspondiente a 2025. En su intervención, destacó que el organismo registró un aumento en el número de personas atendidas, al tiempo que se observó una disminución en las quejas consideradas graves, lo que —aseguró— refleja una reducción en las violaciones a los derechos humanos.

Piedra Ibarra reconoció que su gestión ha enfrentado obstáculos y cuestionamientos constantes, pero afirmó que la CNDH actúa con plena autonomía. “No necesitamos construir percepciones para aparentar independencia; la tenemos y respondemos directamente a la ciudadanía”, señaló desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

La titular del organismo explicó que el periodo con mayor concentración de quejas por desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias se ubicó entre 2008 y 2013, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. A partir de 2019, dijo, estas prácticas han mostrado una tendencia sostenida a la baja y, actualmente, las violaciones graves casi han salido del listado de las más frecuentes entre autoridades federales.

Sobre el desempeño institucional, subrayó que la CNDH se ha consolidado como una de las instituciones nacionales de derechos humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia a nivel internacional, pese a operar con un presupuesto inferior al de organismos similares en países desarrollados.

Durante la presentación de su informe anual en San Lázaro, detalló que en 2025 fueron atendidas 238 mil 917 personas, frente a las 238 mil 499 de 2024. De ese total, 38 mil 827 recibieron atención directa o telefónica, mientras que 54 mil 456 fueron atendidas por medios electrónicos, lo que representó un incremento del 86 % en comparación con el año previo en ese rubro.

Añadió que las solicitudes de intervención ciudadana crecieron de forma significativa, sin que ello implicara un aumento en las violaciones a derechos humanos. Precisó que, mientras en 2019 el 87 % de los documentos recibidos por la CNDH correspondían a quejas, en 2025 ese porcentaje descendió a 53.9 %, equivalente a 78 mil 572 de un total de 145 mil 634 documentos.

En cuanto a las recomendaciones, informó que en 2025 se emitieron 156 recomendaciones ordinarias o particulares y 29 por violaciones graves. En los cinco años de su administración, el total asciende a mil 426 recomendaciones.

Asimismo, indicó que entre las quejas presentadas en 2025 y las acumuladas de años anteriores se integraron 23 mil 752 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos, de los cuales 19 mil 259 fueron concluidos. La mayoría se resolvió mediante conciliación u orientación directa, y solo el 0.77 % derivó en recomendaciones.

Con base en datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024 del INEGI, señaló que los hechos presuntamente violatorios cometidos por autoridades federales —competencia de la CNDH— son menos frecuentes que en el ámbito local y además han disminuido. “Esta es la realidad actual del país: las violaciones a derechos humanos están en descenso”, afirmó.

Durante su mensaje, reiteró su propuesta de reformar la ley de la CNDH para transformarla en una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”, con recomendaciones de carácter vinculante que obliguen a las autoridades a cumplirlas. También enfatizó que uno de los principales objetivos es fortalecer la prevención, de modo que la eficacia del organismo se mida por la reducción de hechos violatorios y no solo por el número de quejas o recomendaciones.

Desde el inicio de su exposición, Piedra Ibarra mantuvo una postura crítica sobre el funcionamiento de la CNDH en el periodo neoliberal, al considerar que durante años se utilizó para simular la defensa de los derechos humanos, sin enfrentar de fondo los abusos del Estado ni responder a las víctimas.

Aseguró que su administración busca corregir rezagos históricos, retomando casos archivados o desatendidos, como el de Ernestina Ascencio Rosario y las quejas relacionadas con Mario Aburto Martínez y su familia. Tras escuchar las críticas de la oposición, afirmó que estas responden a una narrativa partidista que ignora los datos presentados y la voz de la ciudadanía.

En materia de desaparición de personas, informó que en 2025 se brindó atención a 730 familiares y se realizaron 545 acciones de acompañamiento. También destacó la realización de mesas de trabajo encabezadas personalmente por ella, con el compromiso de ofrecer apoyo sin importar si los casos son de competencia federal o local.