Senado elimina la figura de “jueces sin rostro” y propone resguardo temporal de identidad

El Senado de la República modificó la iniciativa de reforma en materia de impartición de justicia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo relacionado con la llamada figura de los “jueces sin rostro”. En su lugar, se estableció que la reserva de identidad de los juzgadores que atiendan casos de delincuencia organizada será una medida excepcional, temporal y sujeta a controles estrictos, aplicable únicamente durante el tiempo indispensable.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, explicó que los ajustes buscan evitar contradicciones con la Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Precisó que el concepto de “jueces sin rostro” es una denominación coloquial que no corresponde al contenido real de la iniciativa presidencial. Recordó que esta figura ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que vulnera principios fundamentales como la transparencia judicial y el derecho al debido proceso.

De acuerdo con el senador, la reforma parte del principio de que la identidad del juzgador no puede mantenerse totalmente oculta para las partes involucradas. Lo que se plantea es un mecanismo de protección y resguardo de identidad, el cual deberá ser solicitado de manera formal ante el Órgano de Administración Judicial, siempre bajo criterios claramente delimitados.

Inzunza reconoció que este ha sido uno de los aspectos más sensibles y debatidos de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que implica una tensión directa con el derecho de las personas procesadas a conocer quién las juzga. Por ello, se propusieron cambios para que la reserva de identidad se limite a escenarios verdaderamente excepcionales y cuente con supervisión institucional.

En el proyecto de dictamen se estableció expresamente que dicha medida deberá ser temporal y estar sujeta a control, con el fin de que su aplicación se restrinja al periodo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del juzgador.

El legislador de Morena agregó que también se realizaron ajustes en materia de lenguaje incluyente y técnica legislativa, especialmente relevantes en el ámbito penal, donde rige el principio de aplicación exacta de la ley.

La reforma mantiene otros puntos sin modificaciones, como la reducción de plazos procesales, la incorporación de nuevos supuestos de detención en flagrancia y la posibilidad de que, en situaciones excepcionales, el Ministerio Público inicie investigaciones sin orden judicial previa.

Finalmente, Inzunza, ex presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, explicó que aunque el dictamen estuvo listo al cierre del periodo ordinario de sesiones en diciembre, se optó por posponer su discusión para profundizar en el análisis. No obstante, anticipó que la iniciativa será aprobada cuando el Congreso retome actividades.